La separación de poderes en el Perú

La separación de poderes debe ser complementada con un sentido de unidad, pues los poderes del Estado tienen una finalidad común: desplegar sus esfuerzos para el servicio de la ciudadanía.

En los últimos años hemos sido testigos de distintos momentos trascendentales en nuestro país: presidentes vacados, disolución del Congreso, sucesiones constitucionales, remoción de autoridades de altos órganos constitucionales, entre otras circunstancias que dejan en evidencia la delicada situación política del Perú, presentada normalmente bajo un panorama de inestabilidad.

Ante este escenario, y tras cada resultado de una votación en el Parlamento o decisión presidencial, distintas voces señalan que “no se ha respetado la separación de poderes” o que la decisión “atenta contra la independencia de tal o cual Poder del Estado”; pero ¿qué significa la separación de poderes el día de hoy?

Tradicionalmente, la separación de poderes significa que el ejercicio las competencias de cada uno de los poderes del Estado debe realizarse sin injerencia del otro; por ejemplo, el Poder Judicial imparte justicia de manera independiente o el Poder Legislativo fiscalizará y promulgará leyes. En ese sentido, los puntos de contacto entre los poderes serían los mecanismos de control político previstos en nuestra Constitución: moción de censura, acusación constitucional, disolución del Parlamento, entre otros.

Sin embargo, esta visión clásica de la separación de poderes debe ser complementada con un sentido de unidad, pues los poderes del Estado tienen una finalidad común: desplegar sus esfuerzos para el servicio de la ciudadanía.

Dicho esto, según las competencias que la Constitución ha previsto, cada poder del Estado debe mantener su autonomía funcional, sin embargo, también deben cooperar, a fin de asegurar el ejercicio pleno de sus facultades, a favor de la sociedad. Así, el Poder Ejecutivo debe cumplir con reglamentar las leyes que el Poder Legislativo aprueba; o prestar la colaboración de la fuerza pública para coadyuvar a la ejecución de las sentencias emitidas por los jueces del Poder Judicial.

Con todo lo dicho, es necesario precisar que coordinar y colaborar no significa renunciar a las competencias o a la función fiscalizadora; sino más bien enriquecer la labor pública para servicio de todos. La situación política en la que nuestro país se encuentra es, en parte, debido a la falta de comprensión sobre la verdadera naturaleza de la separación de poderes. Ahora, las decisiones tomadas parten del revanchismo o cálculos políticos, la clase política ignora que los perjudicados con dichas acciones somos, finalmente, los ciudadanos de a pie.